A pesar de que se dice todos los días que si se bebe no se conduzca, todavía hay muchas personas que se la juegan. No saben que el verdadero problema no es la posible sanción, sino el posible accidente que se puede provocar.
Pero si a pesar de las advertencias tomaste la mala decisión de conducir cuando has bebido alcohol, este artículo te será de gran ayuda. Vamos a dar respuesta a las preguntas más comunes para que te sea más fácil tomar las decisiones adecuadas a partir de ahora.
¿Qué puede pasar si he dado positivo en alcoholemia?
En España, las repercusiones de obtener un resultado positivo en un test de alcoholemia dependen de los niveles de alcohol detectados en el aire espirado o la sangre. Si la cantidad de alcohol es inferior a 0,25 mg/l en aire espirado, se considera una infracción leve, lo que conlleva una multa económica y la retirada de puntos del carnet de conducir. Por otro lado, si la tasa es igual o superior a ese umbral, la infracción se clasifica como grave, y las sanciones son más estrictas.
En caso de dar positivo en alcoholemia, es fundamental seguir ciertos procedimientos. En primer lugar, es importante no rechazar la prueba. Negarse a realizar el test puede acarrear penalizaciones adicionales, como la retirada del carnet de conducir y posibles consecuencias penales.
Otro paso esencial es recopilar toda la información relevante sobre el incidente. Es recomendable anotar el lugar, la hora, las condiciones de tráfico y cualquier detalle que pueda ser relevante para el caso. Esta información resulta valiosa para preparar una defensa adecuada.
Por último, la consulta con un abogado especializado en este tipo de situaciones es clave. Un profesional con experiencia en casos de alcoholemia podrá orientarte sobre tus derechos, las posibles defensas y las mejores acciones a seguir. Su asesoramiento te permitirá abordar de forma correcta el proceso legal.
¿Debo contratar a un abogado si he dado positivo en alcoholemia?
Un abogado con un amplio recorrido en casos relacionados con la alcoholemia puede proporcionarte una defensa ajustada a tus necesidades específicas. Su dominio de la normativa actual y su familiaridad con los procesos legales te permitirán afrontar los retos legales con mayor confianza y eficacia. Su capacidad para detectar posibles fallos durante la detención o en la ejecución de las pruebas será un factor clave para fortalecer tu posición ante el tribunal.
Si, por ejemplo, el nivel de alcoholemia registrado se encuentra cerca del umbral permitido, un abogado con experiencia en esta área podrá plantear que los dispositivos utilizados en la medición pueden tener un margen de error de entre un 5% y un 7,5%. Este argumento podría influir en la tipificación de la infracción y en la magnitud de las penalizaciones a imponer.
En cuanto a la búsqueda de un abogado especializado, es recomendable optar por un profesional con un historial destacado en casos de alcoholemias y que esté ubicado en tu localidad. Un buen ejemplo de despacho que reúne estas características es Garanley, cuya web ofrece más detalles sobre sus servicios y permite contactar directamente con sus abogados especializados en esta área: https://garanley.com/abogados-alcoholemias/.
¿Cómo será la defensa en este caso?
Existen varias tácticas legales que un abogado especializado puede utilizar para poner en duda la validez de una prueba de alcoholemia. Uno de los enfoques más comunes es la identificación de fallos en el procedimiento de la prueba. Si se puede demostrar que el test no se llevó a cabo conforme a los procedimientos establecidos, o que los equipos empleados no estaban debidamente calibrados o mantenidos, esto podría ser suficiente para anular el resultado obtenido.
Otra posible estrategia es la posibilidad de falsos positivos, que ocurre cuando factores externos alteran los resultados de la prueba. Ciertos alimentos, medicamentos, o incluso productos de higiene bucal, como los enjuagues, pueden interferir en las mediciones y dar lugar a una lectura incorrecta. Es crucial que el abogado tenga conocimiento de cualquier sustancia que el conductor haya consumido previamente al test, ya que esto puede ser un factor relevante para cuestionar la fiabilidad del resultado.
Un tercer enfoque tiene que ver con el estado físico y mental del conductor al momento de la prueba. En algunas situaciones, la fatiga extrema, una enfermedad preexistente o una condición médica, como problemas respiratorios o neurológicos, pueden influir en la manera en que se realiza la prueba y en los valores obtenidos. Esto también podría ser un motivo legítimo para impugnar el resultado de la alcoholemia, siempre y cuando se pueda probar que dichas circunstancias afectaron el rendimiento del conductor o la precisión del test.
En cualquier caso, un abogado especializado en defensa de casos de alcoholemia debe llevar a cabo una investigación exhaustiva para evaluar todos los factores posibles que pudieran haber comprometido la fiabilidad de los resultados. Esto incluye no solo examinar los procedimientos seguidos durante la prueba, sino también revisar las condiciones del entorno, el estado físico del conductor, y cualquier posible interferencia externa que pueda haber influido en los resultados.
Es importante que la persona acusada se comunique de manera abierta con su abogado, proporcionando todos los detalles relevantes sobre su situación, incluidos los posibles factores que podrían haber afectado la prueba. Con la información adecuada y una defensa bien fundamentada, es posible que el abogado logre una revisión o incluso la anulación de los resultados de la alcoholemia.
Confrontar un resultado positivo en un control de alcoholemia puede resultar complicado. No obstante, es fundamental contar con la orientación apropiada y tener una visión clara de los derechos que asisten al conductor, así como las posibles opciones legales disponibles. Es esencial mantener una actitud cooperativa con los agentes encargados de la vigilancia, pero también asegurarse de contar con el respaldo de un profesional del derecho especializado en estos casos. De esta manera, se podrá gestionar el proceso de manera más eficaz y garantizar la protección de los intereses jurídicos de la persona afectada.
